En una gran cantidad de países limitan la propiedad de bienes inmuebles, pero no en Costa Rica. Los ciudadanos así como los extranjeros tienen de acuerdo con la ley costarricense un derecho ilimitado a la propiedad, la tierra y el suelo. La legislación asegura la compra, la propiedad y las ventas de tierras y bienes. Hay una limitación para las personas privadas de una zona de 200 m de la costa, un estuario, reservas naturales y las islas frente a la costa.
El registro de la propiedad está muy bien organizado. De acuerdo a la ley civil, toda propiedad debe estar inscrita en el Registro Nacional. Los documentos de propiedad contienen toda la información sobre la finca real, incluyendo hipotecas, traspasos o derechos de usufructo.
Antes de comprar bienes raíces siempre debe investigar si la propiedad posee gravámenes como hipotecas o derechos de usufructo. Las copias del plano catastro así como el contrato de venta deben ser verificadas por un abogado. El traspaso real de la propiedad es legalmente sellado por la firma del contrato de venta. En caso de un largo proceso de venta, existe también la posibilidad de definir un contrato de compraventa. El comprador de un bien inmueble tiene la opción de hacer el contrato como individuo, junto con otras personas o a nombre de una sociedad de anónima.
El contrato de venta está a cargo de un notario autorizado. Según la ley, el notario es una parte neutral y como tal está obligado a representar a ambas partes interesadas. Para quienes no tengan suficientes conocimientos de español, se recomienda consultar a un abogado que hable el idioma de acuerdo o contratar a un traductor.
La búsqueda de la propiedad adecuada es, en general, un proceso muy agotador y que consume tiempo. Los agentes confiables de bienes raíces son normalmente de gran ayuda, hacen gran parte del trabajo, facilitan el día y escudriñan a través de la montaña de ofertas en el mercado costarricense.
Con negocio de bienes raíces, los honorarios de los abogados deben cumplir con la normativa legal. De acuerdo con la tabla oficial, los honorarios de los abogados se encuentran entre 1,25% y 1,5% del precio de venta real de la propiedad. Transferencias o impuestos de venta, así como otros gastos legales no se incluyen en los honorarios del abogado y pueden sumar hasta un 2,7%. Si no hay otro término definido, un agente de bienes raíces contratado normalmente cobra el 5% del precio de venta.